Hace una semana la patronal CEOE se quejaba de la última reforma del Impuesto de Sociedades aprobada por el Gobierno a principios de diciembre.
Según un informe que recogía el diario El País, la CEOE advertía lo siguiente: "No es admisible vivir en una continua reforma de los tributos".
En los últimos años, la legislación fiscal ha ido cambiando a un ritmo vertiginoso. La misma CEOE, en el citado informe, señalaba que el último decreto del Gobierno modificaba normas fiscales aprobadas a finales de 2013 y que habían entrado en vigo en 2015.
A juicio de la patronal, tanto trajín y cambio legislativo en materia tributaria no hacen más que crear inseguridad jurídica a las empresas, algo que el economista Carlos Sebastián ya había advertido en su libro España estancada (con subtítulo bastante elocuente: "Por qué somos poco eficientes").
El carrusel de cambios legislativos para empresas
Sebastián repasaba varias leyes y normas modificadas en los últimos años que incumbían a la regulación - no solo fiscal, pero también - de las empresas y advertía:
"La vorágine normativa y el carrusel de cambios que se produce en legislaciones básicas hace imposible que se genere jurisprudencia que contribuya a hacer uniforme la interpretación de la ley, pues la vida de la ley es muy corta (...). Con lo que el ciudadano está al albur de defectuosas disposiciones interpretadas por la propia Administración o por jueces sin experiencia ni referencias sobre las mismas".
Y quien habla de ciudadanos habla también de autónomos y empresas, así como de asesores y gestorías que tienen que estar interpretando cada pocos meses nuevos cambios legislativos, como el que supuso el último decreto ley del Gobierno.
Los autónomos, también en el carrusel de la inseguridad jurídica
Otro tema no ajeno a esta "vorágine normativa" es el que afecta a los autónomos, el colectivo de emprendedores más vulnerable.
Ya explicábamos en este mismo blog que el aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) pactado con la oposición en el Congreso (una subida del 8%) tenía un efecto poco deseable para los autónomos: un considerable aumento de la cuota mínima de cotización mensual, a la que se acoge el 86% de los autónomos.
Esta noticia coincide con otra - aunque de mejor tinte para los autónomos - que consiste en una nueva ley de autónomos que, se espera, facilite el emprendimiento a estos profesionales y corrija, de alguna forma, el sablazo que supone para los autónomos la subida del SMI.
La ley está en proceso de tramitación y es previsible que esté lista para el primer semestre de 2017. Será un cambio legislativo más - se espera que a mejor -, que por el camino supondrá sus dosis elevadas de incertidumbre no solo para este colectivo: sino para cualquier ciudadano que tenga pensado iniciar un negocio como autónomo en este año 2017.
